FINANCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD CHILENA

Gobernar es Educar

Desde el Siglo XIII, momento del nacimiento de la Corporación Universitaria, comienza su contradicción entre la tradición y los acontecimientos futuros. Conquista su autonomía del poder religioso, donde el intelectual abandona el monasterio, pero es incapaz de resolver los problemas del futuro. La inteligencia colectiva se torna más potente, pero al caer en la institución se sometió inevitablemente a la rutina.

   La universidad se identificó esencialmente como organismo público, primero al servicio del Papado o la monarquía, luego del Estado-Nación y actualmente del interés general. Sus fronteras entre lo público y privado están en un punto casi imperceptible.

Universidad de Bolonia, Italia. Comenzó en 1088. Famosa por sus Escuelas de Humanidades, especialmente Derecho

   Hacia los años 60s, la cifra de estudiantes que cursaban estudios superiores alcanzaban los 13 millones, terminando el siglo XX,  sólo la matrícula postsecundaria de los Estados Unidos bordeaba tal cantidad. La actual cifra mundial es de casi 90 millones de alumnos.

   Este fenómeno de la masificación conlleva al dilema del financiamiento de una educación superior de calidad. 

   Este tema fue abordado profusamente en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, en París, en octubre de 1998, bajo los auspicios de Unesco. Allí se tocó la fórmula de administración de los cuantiosos recursos que anualmente se invierten en la educación superior.

   En su oportunidad, la Unesco concluyó que "...en la actualidad difícilmente existe algún país capaz de financiar un sistema comprensivo de educación superior exclusivamente con recursos públicos...". Con esto dejamos en evidencia que esta inquietud no es sólo nacional o local, está en casi todas las agendas mundiales.

   Los medios propuestos para completar los ingresos fiscales provendrían por una parte de la gestión de privados. Tenemos el caso de Brasil, Indonesia, Filipinas, Chile y otros. Los gobiernos de la India y China están muy interesados en promover la actividad privada en la educación superior.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (1/8)

    El énfasis a la gestión privada ha adquirido intensidad en toda América Latina y el Caribe. Al año 1999, ya  existían alrededor de 500 universidades y un número superior a 2.300 instituciones no universitarias privadas en esta región americana. En Chile al 2001, ya se contaba con 64 universidades, 60 institutos profesionales y 120 centros de formación técnica.

   El pensamiento más difundido entre quienes deciden políticas sociales y culturales, parece ser que el Estado debe ir sistemáticamente disminuyendo su intervención en sus distintos niveles, limitándose a la específica función de supervisión o regulación.

   Se comenta en tales círculos, que quienes acceden a un título obtendrán para sí beneficios que no resultaría justo subsidiar con recursos fiscales. Estos argumentos los basan por hechos concretos en diversos países, donde han diseñado y aplicado instrumentos para recuperar costos: Australia cobra derechos diferenciados por áreas de conocimiento. Este mecanismo también fue adoptado por Vietnam. En China, en principio, se introdujo un arancel para los alumnos ingresados con un puntaje inferior al mínimo exigido. Al año 1999, el cobro de matrícula se extendió a todos los estudiantes en jornada completa. 

Universidad de Tianjin, desde el 2000 es administrada directamente por el Ministerio de Educación de China

   Desde los años 80s, la mayoría de los países europeos, como Inglaterra, Francia y otros, iniciaron reformas en la educación superior, reduciendo el financiamiento estatal. En algunos lugares se forzó la fusión de distintas instituciones para disminuir los costos.

   La creciente diversificación en las actividades económicas y la sociedad,  presionan nuevas calificaciones profesionales y técnicas, naciendo especialidades desconocidas en el pasado. La Asociación Americana de Psicología identificaba, a comienzos de los 90, cuarenta y cinco especialidades. De éstas, Psicología Social, registraba 17 subespecialidades.

   La universidad debe multiplicarse y pagar el precio de una creciente fragmentación, amenazando con sobrepasar sus capacidades de respuestas.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (2/8)

   Las dificultades que la sociedad, desde fines del siglo pasado, está atravesando por la conexión hacia el conocimiento, que parece expandirse hacia el infinito, mientras los recursos apenas alcanzan para informarse de esta acelerada explosión.

   La publicación histórica que se ha hecho desde Tucídides, historiador griego, siglo IV a.C., hasta 1960, es equivalente a la publicación histórica en el breve período de 1960 a 1980.

   Las universidades y los sistemas de educación superior son sobrepasados con bombardeos de información, donde en cada instante crece, se reproduce, se multiplica, fragmenta, especializa y combina, dando lugar a una infinidad de aplicaciones.

   Frente a tales circunstancias, suelen plantearse dos tipos de soluciones. Hay quienes propugnan resolver en forma integral  de mercado. En las reformas que se llevaron a cabo en Gran Bretaña, durante el gobierno de Margaret Thatcher, (1979-1990), en pleno auge del pensamiento neoliberal, se intentó, logrando parcialmente, intensificar la competencia interinstitucional, reduciendo los controles directos, diversificando la base del financiamiento de las universidades, estimulando la participación de los privados en el sistema.

Londres - Inglaterra

Paralelamente, se aumentó la presión evaluativa sobre las instituciones, reforzando el papel conductor del Estado en ciertas áreas, como investigación aplicada y la producción de conocimientos para las industrias militares o de fronteras tecnológicas.

   A pesar de que, esta experiencia, también concretada en Francia con fuerte cultura de estado, y en los EE.UU., bajo la administración de Ronald Reagan, (1981-1988), donde participaron académicos y autoridades de los planteles educacionales, el proceso tuvo problemas y hasta hoy sus resultados son debatidos.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (3/8) 

El segundo enfoque de solución para el financiamiento estaría orientado en reconocer que, la educación superior constituye un bien público imprescindible. De ella derivan la mayor proporción de investigación académica, información sobre asuntos de interés nacional, necesidades, casi imposibles que puedan ser asumidas sostenidamente por el mercado y las universidades privadas.

    Se requiere darle oportunidad para acceder a este segmento superior a personas capacitadas para ello, independientemente de su situación social, económica, geográfica, étnica, política y religiosa.

   El sistema de ingreso debería, además, cautelar la desigualdad en la educación escolar. Con un cobro de aranceles diferenciados que permita solventar su educación a todos los que puedan hacerlo.

   Las áreas de conocimiento de baja rentabilidad, tales como la Astronomía, que tendrá siempre un número exiguo de alumnos y requiere una fuerte estructura; Odontología y Ciencias Básicas, que demandan un altísimo costo de instalación; Filosofía, Artes y Humanidades, sectores pilares de la cultura e identidad de la nación, hoy desvalorizadas; y la formación pedagógica, donde generalmente los ingresados provienen de grupos económicos ínfimos, requieren de una universidad pública que asuma la transmisión de conocimientos de estas disciplinas.

   El país debe contar con profesionales y graduados poseedores de una consistente formación en las áreas de su competencia, más una clara vocación que los guíe hacia los requerimientos de una sociedad y de la región en que se encuentran, lejos de la búsqueda del lucro o de beneficio personal.

   La universidad pública actual debe propender a una moral colectiva de servicio y solidaridad, respetuosa de la dignidad humana, sin compromisos de credos o dogmas, en sectores como salud, vivienda, medio ambiente y educación. Garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones académicas por medio de concursos públicos. Las universidades privadas imitarían, hasta donde les fuera posible, el modelo de institución superior con estas características.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (4/8)

Actualmente, una universidad estatal chilena está tensionada por el requisito de autofinanciamiento, casi del orden del 70 por ciento, obligándola a convertirse en una universidad pública de mediano nivel por la imposibilidad de cumplir la función de interés social que la justifica. Teniendo la alternativa de convertirse en una universidad similar a las privadas, pero carente de autonomía en lo financiero y en lo legal.

   Las 16 universidades estatales chilenas, hoy en día, están sujetas a un estricto control por parte de la Contraloría General de la República, con un informe riguroso de sus inversiones y administración.

La Ley Marco de universidades estatales, en su artículo IV, desafortunadamente no garantiza un financiamiento preferentemente con recursos públicos, obligando a éstas a encuadrarse en sus respectivos presupuestos anuales, no comprometiendo la responsabilidad del Estado.

   El Banco Mundial recomienda el 30 por ciento como un porcentaje razonable para el esfuerzo de autofinanciamiento que deben hacer globalmente las universidades públicas.

   En 1981, durante el Gobierno Militar, el Estado hizo un compromiso de financiamiento para que el sistema funcionara adecuadamente. Por lo tanto, según cifras, se debería estar entregando más del doble de recursos que actualmente se destinan a la Educación Superior.

   La universidad pública apunta a las necesidades que justifican su existencia más que al Estado que la financia.

   Para los individuos que se benefician con los mayores ingresos asociados a la educación deben contribuir a financiar dicha inversión y el Estado, que aboga por la equidad, debe apoyar a quienes poseyendo méritos suficientes, no están en condiciones para costearse sus estudios.

   La sociedad tiene derecho a contar con un sistema y con instituciones que se responsabilicen públicamente de sus resultados.

   Si Chile toma en serio su educación superior, no la puede dejar, entonces, entregada a los apremios y desesperanza del millón de jóvenes estudiantes.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (5/8)

   El Estado comenzó entregando recursos económicos para los estudiantes universitarios en 1981, durante el Gobierno Militar con el decreto con fuerza de ley, DFL-4.

   El sistema de distribución de aportes se hizo sobre la base de porcentajes históricos. El mayor aporte de financiamiento estaba directamente relacionado con la antigüedad de la universidad, independientemente de que sus alumnos poseyeran recursos para costearse sus estudios.

   En la administración de Patricio Aylwin,(1990-1994), este financiamiento se focalizó sólo a los alumnos que realmente lo necesitaban. El 24 de enero de 1994, se dio término al sistema de 1981, con el argumento que, quienes acceden a un título, como por ejemplo, Ingeniero, resultarían a futuro, grandes pagadores.

Campus de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCE. Santiago

La ley establece que la División de Educación Superior del Ministerio, debe distribuir los recursos, en directa injerencia a la situación económica promedio de las universidades y el porcentaje que cada plantel capta de los dos quintiles (quinta parte de la población humana, ordenada de menor a mayor, dividiéndola en cinco partes iguales), de más bajos ingresos. Este es el Aporte Fiscal Directo (AFD).

   También están las ayudas estudiantiles, y la tercera modalidad de entrega de recursos es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que se entrega a cualquier institución que capte alumnos con puntajes dentro de los 27.500 mejores resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), hasta el 2002, término de vigencia de ésta, siendo reemplazada por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), aproximadamente sobre los 590 puntos.

   Desafortunadamente, éste último que es la única vía por la cual las instituciones no tradicionales pueden acceder a recursos fiscales, cayó en un 2 por ciento. En 1990, el 18,2 por ciento de los recursos del Estado estaban destinados por este concepto; en 1998, bajó a 11,8 por ciento.

   En 1999, la Universidad de La Serena, que formaba parte de la Universidad tradicional Técnica del Estado, (UTE), ahora autónoma derivada, con un total de 6.308 alumnos, recibía el 35 por ciento de AFI.

Reconociendo que, en los últimos años han crecido el AFD y las ayudas estudiantiles, no son suficientes para el financiamiento de las universidades tradicionales, que además por ley, tienen que cumplir con la extensión y la investigación, ramas que requieren recursos financieros adicionales. 

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (6/8)

Para adaptarse a las transformaciones en la economía y en la sociedad, la universidad está obligada a la innovación, anticipándose al futuro. Debe alterar sus comportamientos habituales para actuar flexiblemente a los nuevos contextos de generación y uso del conocimiento. Tiene que competir y salir más allá de sus límites físicos.

   Cuando, en 1980, entró en rigor la ley que enfatizó la libertad de enseñanza, también indirectamente dejó la educación superior sujeta al mercado, entre ellas las 8 universidades pre existentes a 1980 y 17 en regiones, sedes de las tradicionales.

Columna de la autora en el Periódico TIEMPO. La Serena, Chile, Sudamérica (7/8)

    La preocupación también apunta, teniendo la información, que más del 50 por ciento de la matrícula universitaria se registra en Santiago. Esto no es producto de la concentración económica y de poder que existe en Chile, sino que está directamente relacionado con las raíces culturales.

   Para revertir esta inclinación se deben fortalecer las instituciones y actividades en las regiones, específicamente universidades y centros de estudios superiores, que justamente por el peso de la inercia cultural no reciben apoyo para desligarse de esta tendencia.

   Dejando en claro que la función social de la educación superior no puede ser concebida como un simple valor de cambio en el mercado.

  La sociedad en pleno debe constituir en su costo, involucrando los sectores públicos y privados, al Gobierno y las personas relacionadas con empresas y organismos filantrópicos. El desafío es invertir en esta empresa intelectual.

Universidad de Santiago de Chile

Se deben disminuir los controles de carácter burocrático y las regulaciones administrativas que en las 16 universidades estatales chilenas de Arica a Punta Arenas,  son excesivas.

   La necesidad que los estudiantes puedan postular directamente al crédito fiscal, es decir que, el Estado entregue este aporte como un subsidio para ser utilizado por cualquier institución de educación superior que él elija, y no como ocurre actualmente, que sólo pueden acceder a él los alumnos matriculados en cualquiera de las 25 universidades llamadas tradicionales. 

"Tradicionales", porque 8 de ellas existían antes de la Ley Universitaria de 1980, (sedes de la Universidad de Chile y la desaparecida Universidad Técnica del Estado) y, las que de ellas se derivaron, formando parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH): 16 estatales y 9 privadas subvencionadas (3 civiles y 3 católicas). 

El CRUCH es un organismo vinculado al Estado a través del Ministerio de Educación, ya que el Secretario de esta Cartera es el presidente. 

   El conocimiento se desarrolla en todos los ámbitos: universidades, institutos y centros de educación superior, y no le agrada estar sometido a una rigurosa planificación.

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